Mueren y caen como si de talar árboles se tratara, a vista y paciencia de las autoridades que siempre “investigan” “están cerca” de los autores, pero nunca se conocen los resultados.

Hemos perdido la cuenta del número de femicidios acaecidos en este país, van más de 150 solo en los primeros seis meses de 2023, de acuerdo con registros de organismos como el Conadeh, el Centro de Derechos de Mujeres y el Observatorio de la Violencia de la UNAH. La epidemia no para y los crímenes van en ascenso, los gritos y reclamos se ahogan ante una escasez de justicia.

Las últimas cuatro muertes reportadas indican que una fue asesinada por su hermano, otra encontrada a orillas de una calle, y las otras dos fueron muertas mientras departían en una fiesta de quince años. Todas fueron asesinadas con saña, con impunidad y con una violencia injustificable.

Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Copán, encabezan los datos de muertes contra mujeres, seguidos de Comayagua, Olancho, Colón, Yoro, El Paraíso y Santa Bárbara, señala un reporte del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). El mapa de la violencia contra las mujeres se expande por el país, y las respuestas estatales son una agenda pendiente.

Las armas de fuego, es el mecanismo más usado para los crímenes, en su mayoría, perpetrados por desconocidos, seguido de exparejas, amigo o conocido de la familia, la familia misma, entre otros, detalla el informe.

Las mujeres siguen siendo un sector altamente vulnerable, sujetas permanentes a la violación de los derechos humanos, en una cadena de violencia que parece “normalizarse” en un país altamente polarizado con fuerte impacto en los niveles de convivencia, donde la tolerancia y la capacidad de escucha se desvanecen a medida que escala la violencia, la confrontación y los discursos de odio.

¿Cuántas van? ¿Cuántas faltan? ¿Quién sigue? ¿Quién resuelve? ¿A quién acudir? Son preguntas que cabecean entre las mujeres y una población que exige respuestas ante tanta impunidad, impunidad que, de acuerdo con la más reciente visita del relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, se puede generalizar de tal forma que hará de la violencia y las ejecuciones extrajudiciales, una forma común de convivencia.

Del lado del gobierno, tenemos declaraciones de condena, pero no pasan de ahí; en el poder legislativo la agenda no puede destrabarse a favor de las mujeres, en la antesala se encuentran leyes vitales como la de las Casas Refugio, pero el interés parlamentario es otro, ya viene la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, y la pregunta obligada es: ¿y las mujeres pa´ cuándo?

La vida que se arranca a las mujeres oscila en las edades de 10 a los 40 años, son niñas, jóvenes y mujeres en pleno desarrollo de su vida y actividad, a quienes la violencia arrebata el derecho a vivir; la justicia no llega.