En cuestión de horas, la Junta Proponente remitirá a la Cámara Legislativa la lista de cinco candidatos a ocupar los cargos cimeros en la institución con atribuciones para el ejercicio de la acción penal.

Ha sido un proceso espinoso por la multiplicidad de “altos y bajos”, presiones y conflictos que les ha llovido a los integrantes de la Junta de Proponentes.

Primero fue la declinación de uno de los postulantes en razón de lo que el llamó un “arreglo preconcebido por los políticos” para integrar la Fiscalía.

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Luego vino a luz la resolución que dejó fuera del camino a dos reconocidos abogados calificados con el sello del Partido Libre para ascender a la Fiscalía, y que ha desatado reacciones en cadena dirigidas a desacreditar la labor de la Junta Proponente.

Estamos a las puertas de una nueva crisis. Damos por sentado que así ocurrirá cuando los diputados de las distintas fuerzas entren de lleno a las negociaciones descarnadas encaminadas a repartirse el control del Ministerio Público.

Desde que fue instalada la Junta de Proponentes, lo que ha prevalecido es la percepción de que el nombramiento de puestos de liderazgo del Ministerio Público ya estaba “decidido desde el inicio”.

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Sobrevive la sospecha de que los políticos siempre conocieron qué personajes, afines a su divisa, serán ungidos para dirigir la Fiscalía de la República.

Era muy inocente pensar que los políticos iban a respetar las mínimas reglas de legitimidad en la designación de los puestos clave del Ministerio Público, después de la turbulenta elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que sólo fue posible cuando los partidos Nacional, Liberal y Libre se pusieron de acuerdo en la repartición de sus cuotas.

Los líderes partidos están ahora a la caza de los cargos de jerarquía del Ministerio Público, con el consabido objetivo de que las piezas que eventualmente serán impuestas en la Fiscalía les garanticen el goce de protección y de impunidad.

Ha sido una regla que el fiscal general y su segundo en el mando sean colocados por la institución partidaria en el poder y, por tanto, su desempeño esté condicionado por el compromiso de actuar como guardianes de sus “padrinos políticos”.

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La elección del fiscal general y del fiscal general adjunto ha sido tumultuosa, manipulada y desarrollada conforme a reglas no “muy limpias”, muy a pesar de la demanda de la población de fortalecer la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público.

El peligro es que, una vez más, el legítimo propósito de enderezar y traer por su verdadero camino al Ministerio Público se pierda y se privilegien la politización y los caprichos de grupos particulares. ¡Sería una pena para un país que clama por el imperio de la ley!