Reza una premisa que no hay amenaza más peligrosa que la negligencia y que, siendo deliberada como lo es, puede conducir a una sociedad por el sendero de la destrucción y muerte.

La muerte de al menos 200 personas en el devastado Valle de Sula, la desaparición de decenas más y el desplazamiento forzoso de 900 mil habitantes durante el paso arrasador de las tormentas tropicales Iota y Eta, hablan por sí mismas de la incompetencia con la que los gobiernos de turno han manejado y gestionado la vulnerabilidad y sus consecuencias, en esa rica y productiva región.

Pasó ya un año desde que los dos fenómenos climáticos sumieron a los pobladores de la zona en una de las peores crisis humanitarias, con pérdidas económicas que superaron los 15 mil millones de dólares, y la situación de vulnerabilidad a partir de la gestión de reconstrucción de bordos de contención de inundaciones y de demás obras de mitigación y de emergencia,  sigue siendo la misma.

Las destructivas inundaciones dejaron prácticamente en la calle a más de medio millón de habitantes en el Valle de Sula, y un año después de la tragedia provocada por las dos tormentas tropicales, la ralentizada e incompetente gestión burocrática de reacción frente a la tragedia, tiene todavía a barrios y colonias colapsadas por los escombros y el lodo acumulado, escuelas semienterradas y un amplio sector poblacional expuesto a la lentísima reconstrucción de los bordos de contención de “las llenas”.

En las últimas cinco décadas los fenómenos naturales se cobraron en el Valle de Sula la vida de unos quince mil habitantes, mientras la última gran obra para prevenir las grandes y fatales inundaciones data del ya lejano año 2005.

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¿Cómo se puede justificar que a pesar de la devastadora vulnerabilidad y de los millonarios daños que las inundaciones provocan en la región del país que más riqueza genera, no se haya vuelto a construir una obra de gran  envergadura para cuando menos, mitigar los daños?

Las inundaciones que derivaron de los huracanes y tormentas que destruyeron a su paso la economía del productivo valle, dejaron pérdidas superiores a los 15 mil millones de dólares, y la inacción y la pachorruda reacción estatal, agravó las condiciones de indefensión humana en la que sobreviven los habitantes de esa región.

A esta altura los bordos de contención ya debieron estar completamente reconstruidos, pero  casi doce meses después, seguimos escuchando el clamor y el llamado de auxilio de pobladores de comunidades como La Samaritana, en la jurisdicción de La Lima, en donde los boquetes por donde se metió el río Chamelecón, siguen abiertos. ¿No es acaso eso incompetencia estatal?

Estamos en los peores meses de lluvias y en comunidades como Flores de Oriente y la Suyapa, las condiciones de vida de sus pobladores siguen siendo infrahumanas, de abandono, de desolación.  ¿Y el dinero, para que se destinó?

Lo que se cierne sobre el vulnerable Valle de Sula y la vida humana sigue siendo desolador y potencialmente catastrófico.                                                                       

Hay causas estructurales y naturales frente a las que no se puede hacer mucho pero lo ocurrido a través de las décadas en esta productiva región del país ha sido mayormente imputable a la gestión estatal.

Que la histórica negligencia e imprevisión no sigan pasándole factura a la región que más riqueza genera en el país, y que en el tiempo que tal vez queda, la deuda que el estado de Honduras tiene con los sufridos pobladores del vulnerable Valle de Sula, pueda ser aún reivindicada.

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