Las explosivas declaraciones de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, que, en la barbarie cometida en contra de 46 reclusas en la cárcel de mujeres en Támara, las evidencias arrojan balas y armas de uso oficial pertenecientes a la policía nacional, viene a reforzar la hipótesis no solo de la planificación con premeditación, alevosía y ventaja de un crimen atroz, también que las autoridades lo sabían y lo permitieron.

Previo a las declaraciones de la funcionaria, un trabajo periodístico de Juan Martínez d´Aubuisson, un antropólogo socio cultural y cronista salvadoreño elaborado para Redacción Regional, revelaba algunos detalles de esa matanza, entre ellas que tres días antes de la ejecución, a una interna se le cayó una granada de uso industrial frente al equipo de seguridad de la prisión, sin que pasara nada.

La reclusa que portaba esa arma se le identificó como “La Triple X”, quien tomó la granada y la guardó en su mochila. La autoridad no dijo ni hizo nada. Esa granada fue usada el día de la matanza.

El 29 de noviembre de 2023, la viceministra Villanueva, en el programa Frente a Frente de Televicentro, reveló que entre los primeros hallazgos se encontró que algunas de las armas y casquillos de bala utilizados en la barbarie eran de uso oficial asignados a la Policía Nacional.

Sus declaraciones llevaron al Comisionado Nacional de Derechos Humanos a emitir un pronunciamiento alertando que se estaría ante una potencial ejecución extrajudicial a manos de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras.

Mientras, la Secretaría de Derechos Humanos exhortó a una investigación profunda de los hechos por parte del Ministerio Público y las autoridades policiales mismas.

Las declaraciones de Villanueva han incomodado a sus superiores que emitieron un pronunciamiento negando el hecho e intentando desmarcarse del mismo, tras reprochar a su funcionaria el destape realizado por considerarlo no acorde al código de ética del servidor público.

No es la primera vez que Villanueva confronta a sus superiores, así lo hizo con las autoridades del Ministerio Público cuando estuvo ahí, y ahora con la Policía Nacional.

La polémica le ha perseguido y más allá de su protagonismo mediático, la gravedad de sus denuncias viene a reforzar las sospechas iniciales sobre ese horrendo crimen: fue una muerte planificada y no una “simple riña” de pandilleras rivales.

Han pasado cinco meses desde que se dio ese hecho y el caso sigue con más interrogantes que respuestas, y sin duda el Estado será expuesto nuevamente ante la Corte Interamericana de Justicia donde ya se tiene récord de condenas por violaciones a derechos humanos.

Muchos quieren la cabeza de Villanueva por su denuncia, pero la bomba que les ha detonado indica que estamos frente a un crimen de horror y de Estado. Las mujeres que ahí murieron eran seres humanos y en los 16 días de activismo contra la violencia de género, la justicia debe hacerse presente. ¡Es tiempo de respuestas!