Cuando hemos comenzado el octavo mes del año, la ejecución del Presupuesto reformulado para el ejercicio fiscal 2022 no llega ni al 40 por ciento.

Y en algunos rubros, ni siquiera ha sido llevada a efecto la cuarta parte del plan de gastos e ingresos, muy lejos todavía para alcanzar el 60 por ciento de los recursos que tendrían que haber sido utilizados a la fecha.

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Aunque versados en finanzas, miembros del partido en el poder, le han restado importancia al bajo nivel en que ha sido devengado el presupuesto que fue ampliado hasta 360,000 millones para este año, la verdad es que pone en evidencia la falta de capacidad para la administración de los recursos públicos.

Este balance no puede ser explicado simplemente, ni justificado por la presunción de que la utilización del mínimo porcentaje presupuestario es una constante en el primer semestre de cada cambio de Gobierno,  y que siempre ha ocurrido así.

Es difícil comprender que en los sectores educación y salud, la asignación de fondos no haya sido devengada en un nivel óptimo, con todo y las demandas salariales, la necesidad de contratación de más docentes y doctores, la destruida infraestructura escolar y la falta de medicinas, para traer a repaso algunas de las situaciones que retratan las principales  calamidades de nuestro país.

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Tenemos una miserable inversión pública y es evidente la falta de respuestas para generar empleos, atraer inversión, aliviar la desigualdad social, reducir la pobreza y atender el descontento de la población.

Nos preguntarnos, entonces, por qué la ejecución del presupuesto es tan pírrica a tres meses para que concluya el año y apenas a dos semanas para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional el proyecto de gastos e ingresos del período fiscal 2023.

Lo que se espera es que la distribución de recursos que ha sido prevista para el año entrante, sea el resultado de un análisis más consciente del estado financiero en que se encuentra el país.

Es imperioso que la asignación de recursos se realice conforme a las prioridades nacionales como son los sectores educación, salud e infraestructura, y de acuerdo con la calificación de gestión por resultados.

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El presupuesto para el período 2023 debe ser un instrumento que permita enfrentar las sombrías proyecciones de insuficiente crecimiento económico, alta inflación, incertidumbre respecto al tipo de cambio de la moneda y deterioro de la capacidad adquisitiva de la población.

El presupuesto formulado para el próximo año tiene que ser acompañado de una hoja de ruta que nos indique cómo hacer uso eficiente de nuestros limitados recursos, contener el gasto corriente excesivo e incrementar la inversión en el aparato productivo.

No estamos en tiempos de bonanza; no podemos seguir sin una política económica y fiscal y sin un plan de ejecución presupuestaria para el crecimiento económico y social ordenado.