La paz social, la seguridad jurídica y los contrapesos de la democracia son pilares del Estado de Derecho.

Justamente estos elementos están en tambaleo en nuestro país, donde la crisis institucional tiende a agravarse y la gobernabilidad está “bajo ataque”.

El conflicto surgido por la ambición de tomarse el Poder Legislativo se ha extendido en el tiempo y, con ello, se deterioran los principios de legalidad y de legitimidad.

Lo que se ha impuesto y lo que prevalece es la anarquía en el Congreso Nacional y las actitudes de intolerancia, odio y violencia de parte de los actores políticos que están más interesados en saciar sus caprichos que en recuperar un Estado Democrático y Social de Derecho.

¡Vaya deshonra para aquellos líderes que recibieron en las urnas el apoyo del soberano y que ahora pisotean el deber empeñado de cumplir la Constitución y las leyes!

Las partes que están en pleito y que se han lanzado en busca de monopolizar el derecho de decisión, están aprobando leyes en un clima de desorden, de falta de legitimidad, todo lo cual desemboca en un claro irrespeto al estamento jurídico de nuestro país.

El Poder Legislativo, dividido en dos juntas directivas, se ha convertido en una especie de mercado donde son discutidas, debatidas y aprobadas -de uno y otro bando- leyes de distinto orden, sin importar si son legítimas o no.

A la sombra de maquinaciones que son propias de los “mercenarios políticos”, en Honduras estamos a la deriva, sobre un movedizo estamento jurídico y los líderes no quieren hacer nada para corregir este semejante “adefesio”.

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Nos preguntamos si vivimos en un país donde prácticamente no existe un Poder Legislativo o está en camino a ser deslegitimado si no se alcanza un acuerdo a la brevedad posible.

Como si no fuese suficiente el debilitamiento de la estructura del Estado de Honduras, cimentado sobre la independencia y complementariedad de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y sobre la relación poder-territorio-población, encaramos una presión insostenible de los grupos sociales, mientras se vuelve más latente la pobreza, la corrupción y la falta de justicia. Son puntos de ebullición que ponen en vilo la gobernabilidad de Honduras.

Necesitamos que en nuestro país sean superadas las diferencias entre los políticos, que se conjugan con la falta de decisiones firmes de parte de quienes han asumido el poder del país y que se mezclan con el sectarismo de ciertos grupos que quieren que Honduras sea administrada al calor de sus caprichos.

El país no es una hacienda particular. No les pertenece a los segmentos que pretenden alimentar el caos, la persecución, el odio y la división. Son esos mismos sectores los que quieren alimentar la corrupción y la impunidad. ¿Acaso no es ese el mensaje que lleva la aprobación y publicación de la cuestionada Ley de Amnistía para los llamados “defensores de la soberanía en el Golpe de Estado”?

Todo esto nos están llevando al derrumbe de la institucionalidad. Porque la reconstrucción del Estado de Derecho, como es la primera necesidad de Honduras, depende de la suma de la legalidad, la legitimidad y la gobernabilidad.

Los hondureños pedimos cuentas a los gobernantes que nos conducen hoy día por el camino torcido de la ilegalidad, de la ausencia de legitimidad y de la violación a los principios del ordenamiento constitucional.