El Artículo 311 de la Constitución de la República le dio vida constitucional y legal a la Junta Nominadora para la Elección de los Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El mismo artículo deja claro que la Junta Nominadora es un órgano colegiado y deliberante, y dotado de absoluta independencia y autonomía en sus decisiones. Para rematar, el Artículo 3 le confiere a la Junta Nominadora las atribuciones constitucionales de independencia en su integración y organización, escogencia idónea de sus miembros, apego nada más a los principios democráticos y respeto a la Ley.

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Nada más como para que aquí hayan todavía algunas “cabezas calientes” o periféricas “mentes perversas” que persisten en quererle encontrar “tres pies al gato”. ¡No nos cansaremos de advertir que con la elección de los jueces del máximo tribunal de justicia es mucho lo que en Honduras está en juego!.

¡Y no vamos a dejar de denunciar que la política partidaria, los partidos políticos, decidieron si es posible “morir con las botas puestas” en su inclaudicable pretensión de querer controlar el proceso de selección y escogencia de los magistrados de la Corte!. “El Constituyente no estableció en ningún artículo de la Constitución que existiese ninguna Junta Nominadora que intervenga en el proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

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La supuesta cita constitucional que a manera de recado ha “tutiado” el propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para decirnos -tácitamente- qué es lo que él piensa de la Junta Nominadora y sus atribuciones constitucionales. Redondo cree ahora que la Junta Nominadora no tiene razón de ser, y que más bien su conformación constitucional ha sido un retroceso y una distorsión democrática. ¿Qué les parece?

El propio titular del Congreso Nacional calificando de grave la creación de una Junta Nominadora, por el hecho, repara él, de habérsele delegado la facultad de nominar los candidatos a magistrados cuando ésta debe ser y sólo una atribución constitucional e indelegable de los diputados y diputadas, representantes en el Hemiciclo Legislativo, al fin y al cabo, de los partidos políticos. La injerencia partidista en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema sigue intacta.

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No hay duda en afirmarlo. Los partidos y los políticos siguen y seguirán apostando, en el tiempo que les quede, a controlar la nómina de candidatos a magistrados, y a no, digamos, la elección de los magistrados. Esa campaña de descalificación a la Junta Nominadora que los representantes de las mismas organizaciones que la integran han denunciado, se plasma en citas como las que el titular del Congreso echa mano y filtra a la opinión pública.

Redondo tácitamente llama a la Junta Nominadora un filtro y un intermediario atípico, ajeno al Poder Legislativo, y abrogado inconstitucionalmente de atribuciones que sólo han debido tener los diputados y diputadas. ¡Los partidos y los políticos persisten en tener allí una Corte Suprema a su medida!. A los políticos no les conviene ciudadanos y ciudadanas independientes de los partidos; consecuentemente no van a apostar a funcionarios judiciales apolíticos, imparciales, verdaderos garantes de los derechos del pueblo hondureño.

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Y esas citas de las que se ha agarrado el presidente del Congreso y esa campaña de descredito que las organizaciones que conforman la Junta Nominadora han denunciado, obedece a la resistencia de la clase política a una selección transparente, descontaminada, de candidatos idóneos, probos, dignos para desempeñar la función de impartir justicia!.

¡No quieren tener nada que ver con la meritocracia e idoneidad de los candidatos!. ¿Cuánto no ganaría Honduras si finalmente se impusiera una selección de candidatos y jueces basada en méritos personales, idoneidad, confiabilidad, imparcialidad partidista y probada honradez y vocación de servicio?. Un sistema de impartir la justicia que emane del pueblo y en nombre del Estado de Honduras; un sistema sometido únicamente a la Constitución y las leyes.

Ya se los decimos antes: la clase política hondureña no debe perder esta histórica oportunidad. Si tanto alardean de no ser más de lo mismo, es la hora histórica y patriótica de demostrarlo ahora.

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Es el momento de hacer a un lado la injerencia política partidaria en la nominación y elección de los jueces y magistrados. Esta es su oportunidad de heredarnos un nuevo orden para seleccionar operadores de justicia probos, competentes, sometidos a la Constitución y las leyes, y no a los partidos y poderes del Estado que los promueven.

Este es su tiempo, señores diputados, si por fin hay que apostar a una Corte Suprema de Justicia independiente de la política partidaria, de los intereses gremiales y particulares, capaz de ejercer la acción punitiva del Estado, y garante de los derechos constitucionales y humanos del pueblo hondureño.