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Hay un contraste muy acentuado alrededor de la Ley de Justicia Tributaria que el Gobierno ha planteado con la presunta finalidad de acabar con los abusos cometidos a la luz de los beneficios fiscales.
Si algo debe concitar nuestra atención son las contradicciones y las discusiones hasta violentas entre los mismos funcionarios de la administración de la presidente Xiomara Castro, y entre los diputados del Congreso Nacional, algo que pone de manifiesto que no existe una claridad en el rumbo que se quiere imprimir para corregir las maltrechas finanzas y la deprimida economía del país.
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Unos, en su papel de “corifeos” de lo que está plasmado en las nuevas reglas de dispensa fiscal, han tildado de traidores a sus pares del Gabinete de Gobierno por el solo hecho de cuestionar el proyecto de ley que elimina las exoneraciones y exenciones.
Otros, en defensa de sus posiciones críticas, han negado que estén del lado de las grandes empresas y expresado que la ley no puede estar concebida para terminar con las pocas opciones de creación de empleos.
No se puede satanizar a la generalidad de las empresas privadas por los excesos que se hayan cometido bajo los beneficios fiscales que han estado vigentes por décadas.
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Porque nos negamos a creer que la consigna del Gobierno que pregona la refundación de Honduras sea la de provocar la desaparición de la empresa privada.
Nos resistimos a aceptar que se haya fraguado un plan para destruir todos aquellos planes, iniciativas o regímenes que incentivan la inversión.
Así parece que es. La Ley de Equidad Tributaria elimina los beneficios fiscales que son necesarios para propiciar un clima favorable a la llegada de capital que haga posible crear más empleos.
El Gobierno no puede imponer cambios radicales en el sistema tributario sin un consenso amplio entre los sectores involucrados, principalmente los empresarios, que son los que generan riqueza, puestos de trabajo y los que tienen una significativa contribución con el fisco mediante el pago de impuestos.
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Honduras no puede seguir en la anarquía, a menos que la pretensión del Poder Popular sea la de implantar el modelo autocrático de Nicaragua o Venezuela dirigido a demoler la empresa privada.
Honduras solo alcanza un crecimiento promedio de tres por ciento de PIB, apenas ha captado el diez por ciento de la inversión extranjera directa dirigida a Centroamérica, su competitividad es nula, más del 70 por ciento de la actividad económica se desarrolla en la informalidad y el 80 por ciento de la población no tiene trabajo o está subempleada.
Ésta es nuestra realidad. ¿Nos encaminamos hacia la destrucción de la empresa privada, el bloqueo de la inversión y el debilitamiento de nuestras instituciones para dar paso al autoritarismo, por encima del clamor de la población de vivir en un país donde haya empleo, educación, salud, seguridad jurídica, transparencia y desarrollo?
