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Tras conocer el resultado del plebiscito al que fueron convocados los chilenos, un aplastante rechazo a la nueva Constitución, el presidente de ese país sudamericano, Gabriel Boric, ha declarado: «el pueblo habló claro y fuerte, valora la democracia y confía en ella para superar las diferencias».
En verdad, los chilenos han ratificado que están de acuerdo con la elaboración de una nueva Carta Magna, pero no aceptan cómo fue conducido el proceso ni el contenido de la misma en sus implicaciones sociales, económicas y jurídicas.
Dijeron «No» a los alcances del nuevo pacto que fue presentado por el Gobierno en lo que respecta al funcionamiento del Estado, el ejercicio del poder y el reconocimiento de los derechos de la población.
Lo que ha ocurrido en Chile es un expediente que nuestras autoridades deben interpretar en lo que corresponde al ejercicio del verdadero poder popular y a las exigencias de la población de tener representación y participación en la democracia.
No pueden nuestros gobernantes mostrarse ciegos, ni sordos a una realidad irrefutable: el poder es ejercido por depósito; entonces, es un deber escuchar la voz del pueblo.
Sabemos que en la agenda del Gobierno del Poder Popular no está desestimada, ni mucho menos, la convocatoria a una consulta para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que estaría encargada de la formulación de una nueva Ley Primaria.
¿Necesita Honduras una Constituyente? ¿Es urgente un nuevo pacto social y político para reivindicar los derechos de los hondureños y conducir al país hacia su progreso en todos los órdenes?
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Convenimos en que nuestra Carta Magna debe ser objeto de una reflexiva revisión, pero no con vistas a satisfacer las ideas trasnochadas de un partido político o de cierto sector de la sociedad, sino para profundizar nuestro sistema democrático y fortalecer el Estado de Derecho.
En las naciones donde no se ha escuchado la voz del pueblo ni llamado a un proceso de concertación, la polarización político-ideológica ha echado raíces, para males mayores.
Las crisis políticas, la violación de las libertades, la intolerancia y la destrucción de la institucionalidad, han sido el saldo trágico para los pueblos de aquellos países en los que han sido abiertas las puertas a la Constituyente arbitrariamente y sin conocer el mandato del pueblo.
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En el caso de los hondureños, el reclamo está dedicado a los que llevan las riendas del poder para que presenten fórmulas de solución a los problemas desde la plataforma de una democracia que funcione y de un Estado de Derecho fortalecido.
La población de Honduras está a la espera de que se produzcan cambios sustanciales: la reducción de la enorme brecha social y económica, el respeto a la Constitución y las leyes, la independencia de los Poderes del Estado y la definición del camino hacia nuestro desarrollo.
