Uno de los principales retos que a seis meses de gobierno tienen Xiomara Castro y su equipo asesor es el de realizar una necesaria y casi obligatoria evaluación a los funcionarios públicos con el objeto de garantizar la agilidad en los procesos administrativos y hacer más eficiente el trabajo gubernamental.

La evaluación mediante gestión por resultados es en términos de rendimiento y productividad, una práctica administrativa muy utilizada hoy en día, particularmente en el sector privado acostumbrado al trabajo por cumplimiento de metas y objetivos, sin embargo, buenas experiencias han alcanzado con su aplicación varios gobiernos latinoamericanos, Costa Rica, México, Chile y Uruguay por ejemplo, que adoptaron hace ya varios años esta estrategia de medición obligados en gran parte por la presión social que ve con mucha indignación, como desde el poder se derrochan los recursos de los países sin que existan posibilidades de castigo para los responsables de actuaciones negligentes y corruptas.

En Honduras el pasado proceso electoral dejó lecciones importantes que obligatoriamente deberían ser tomadas en cuenta por quienes hoy gobiernan, gran parte del descontento de la población está ligado a la forma en que se han venido manejando los asuntos públicos, por décadas, el principal argumento de análisis y evaluación en el desempeño de las instituciones estatales ha estado concentrado en el manejo irregular de los fondos, en la contratación de activistas, planillas fantasmas, incumplimientos en el pago de las obligaciones contraídas y en el bajo rendimiento y poca efectividad de los funcionarios a cargo.

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Este ha sido el gran problema gobierno tras gobierno en el país, en el manejo y administración del Estado no se establece como prioridad mecanismos que obliguen a los funcionarios a rendir informes concretos, reales y transparentes de las acciones desarrolladas por la institución que rectoran.

Bajo este escenario, el gobierno no puede darse el lujo de permitir que esta constante siga su curso, instituciones como la ENEE, Hondutel, la SESAL y otras están al borde del colapso financiero porque se abrió la puerta al desenfreno mezquino de malos funcionarios que pusieron a su servicio personal la maquinaria estatal, igual atención debe ponerse a los programas de bonos y subsidios.

De expedientes de corrupción y enriquecimiento ilícito están llenos los archivos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), las denuncias en el Ministerio Publico (MP), los tribunales de justicia y hasta ocupan grandes desplegados en los medios de comunicación más por efectos de trascendencia mediática y de chantaje o negociación política, conocido es que en nombre de la corrupción y la impunidad se han firmado pactos y acuerdos entre las altas cúpulas políticas y económicas del país.

Mal haría el actual gobierno en esconder por intereses políticos los ilícitos cometidos por funcionarios y exfuncionarios, es el tiempo propicio para poner orden en el complejo mundo administrativo gubernamental.

La gestión por resultados debe ser una práctica permanente aplicada a toda la estructura de la organización, el Estado no puede seguir siendo la tabla de salvación económica de unos pocos porque el resultado de esta tendencia es fatal.

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