Tres relatorías especiales de las Naciones Unidas expresaron su preocupación sobre el ambiente que antecede el proceso electoral hondureño de cara al 30 de noviembre con especial énfasis en tres aspectos: el estado de excepción, la libertad de opinión y de expresión, y la crisis institucional que se cierne sobre los entes rectores responsables de conducir las elecciones.

Irene Khan, relatora especial de libertad de opinión y de expresión, Mary Lawlar, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y Gina Romero, relatora especial sobre los derechos de reunión pacífica y asociación, observan con inquietud cómo se ha intensificado el discurso estigmatizador hacia periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que tienen un importante rol en el monitoreo del proceso electoral. En la recta final del proceso electoral, las relatoras indicaron que siguen con preocupación el creciente clima de polarización y amenazas a la libertad de prensa, expresión y el espacio cívico en el país, así como defensores de derechos humanos y observadores electorales.

Estos hechos provienen en su mayoría de altos cargos del gobierno, los partidos políticos, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad que incluye difamaciones, acusaciones infundadas, estigmatización pública, intimidación, ataques físicos y en línea en represalia por su trabajo, sostienen en su comunicado las relatoras. Acciones que se producen en el marco de un estado de excepción que debió ser temporal, pero se ha convertido en una política permanente carente de legalidad porque sus últimas ampliaciones no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, último que vive una parálisis permanente por no lograr consensos mínimos para sacar adelante una agenda legislativa que priorice soluciones a los problemas del país.

Las tres relatoras señalan que los políticos, funcionarios públicos, incluidos los mandos militares y policiales, no deben abusar de su posición privilegiada para socavar la integridad electoral, incitar a la violencia, la hostilidad y la discriminación, o atacar a los medios de comunicación y la sociedad civil. Lamentan que el Estado de Honduras no haya tomado en consideración algunas de las recomendaciones hechas en sus visitas o reuniones sostenidas sobre la situación del país.

Honduras va a unos comicios con serias restricciones en materia de acceso a la información pública por la falta de transparencia institucional ante las solicitudes de información oficial en donde las dependencias del gobierno no proporcionan respuesta o lo hacen de manera general, vaga y vacía de contenido. En tal sentido, piden a las autoridades fomentar la confianza en las elecciones mediante un comportamiento ético, pues cuando se ataca a la libertad de expresión y a quienes la ejercen se ponen en peligro los procesos electorales. Y unas elecciones que no respetan los derechos a la libertad de asamblea y de asociación no pueden considerarse libres o justas, aseguran.

Los comicios deben ser justos, limpios y transparentes, señalan las relatoras, tras recalcar su preocupación por el hostigamiento hacia los órganos electorales para debilitar la confianza ciudadana en la democracia y sus instituciones.