Son muchas las historias que se han construido en dos años desde que fueron diagnosticados los primeros casos de covid-19. Pasado ese tiempo, Honduras se acerca a 11,000 decesos y se aproxima a medio millón de casos positivos.

En 24 meses las historias de luto y dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos a causa del nuevo virus se han mezclado con relatos de victoria de aquéllos que pudieron vencer la enfermedad.

En el curso de la emergencia, ha quedado al descubierto la miseria del aparato sanitario nacional y la falta de diligencia para manejar una eventualidad de tal magnitud, más allá de que la apocalíptica plaga haya puesto de rodillas al mundo entero.

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Las autoridades del ramo evidenciaron una indiferencia inconcebible. No fortalecieron la red hospitalaria, demoraron mucho en la integración de los centros de triaje y postergaron el despliegue de brigadas médicas a las zonas de mayor incidencia, una estrategia necesaria para tender cercos epidemiológicos que hicieran posible la contención de la pandemia.

Nuestro país fue uno de los últimos en gestionar la compra, recepción y distribución de pruebas de detección del nuevo virus. Tampoco se hizo lo pertinente, a fin de garantizar una atención oportuna a los enfermos que por centenares acudían a los hospitales y que eran ubicados en salas improvisadas o hasta en los pasillos, a falta de cupos para socorrerlos.

Y en la etapa de la inmunización, Honduras ha caminado a la zaga, porque la planificación y la toma de decisiones fueron dirigidas por  políticos y no por especialistas en medicina, investigadores o científicos.

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Algo peor ha acontecido en los "eternos" dos años que han pasado desde marzo de 2020, cuando se confirmó la circulación del mortal virus: la malévola sociedad entre un grupo de políticos aprovechados y algunos proveedores que hicieron "negocios" a costa de un pueblo en desgracia.

Entre tales actos condenables, mencionamos la absurda adquisición de ventiladores y percoladoras realizada por COPECO, igual que las gestiones pensadas y llevadas a efecto por los mismos funcionarios edilicios que montaron sus empresas de suministro de insumos de protección, medicinas y alimentos para citar ciertos ejemplos.

En este juego deshonesto tampoco se quedaron por fuera las sociedades creadas por algunos diputados que le vendieron al Estado, a precios inflados, mascarillas, alcohol, gel, guantes y otros materiales de bioseguridad.

Pero el peor de los actos de corrupción cometidos durante la pandemia ha sido la contratación de siete hospitales móviles por 1,200 millones de lempiras y por cuya causa están procesados dos ex funcionarios de INVEST. Los hechores intelectuales, igual que el intermediario, Axel López, no figuran aún; siguen mofándose del pueblo agraviado, sin ser alcanzados por la justicia.

Veinticuatro meses después de la llegada del covid, el aparato de salud sigue en "cuidados intensivos", en condiciones de carencias vitales y en estado de degradación.

No hemos aprendido las lecciones. Nos pone en alerta que todavía no se hayan delimitado las líneas claras de una política pública que reivindique el derecho del pueblo a la salud y que establezca el rumbo a tomar para enfrentar las emergencias, semejantes o de mayor compromiso que la pandemia del SarsCov2, que pudiesen sobrevenir y conspirar contra nuestra misma existencia.

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