No son aisladas las acciones que se han puesto en curso contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Desde el Congreso Nacional se ha impulsado una propuesta para intervenir en el proceso de ingreso de los estudiantes e invalidar la aplicación de la Prueba de Aptitud para quienes opten por una plaza en el principal centro público de enseñanza superior.

Haciendo propio un discurso más populista y no apoyado en criterios puramente técnicos y científicos, los legisladores que patrocinan dicho planteamiento aseveran que la evaluación de aptitud académica restringe la entrada en una institución que le pertenece al pueblo y que, en consecuencia, no debe vedarse a nadie el derecho a asistir a las aulas de la Alma Máter.

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Y han llegado al extremo de amenazar con crear una universidad estatal y con hacer una revisión exhaustiva de la partida presupuestaria que es transferida por ley a la máxima casa de estudios, del manejo de la planta del personal docente, y de la cobertura y calidad, entre otros elementos vinculantes.

Estos sectores desconocen asuntos capitales de la problemática educativa nacional como son: la falta de relación entre los niveles de enseñanza, la deficiente estructura curricular, la pobre formación docente, las limitadas competencias de los estudiantes y la deteriorada calidad, asociada con la investigación y creación de conocimiento.

Una lectura al orden que hemos descrito, nos llevaría a interpretar que el verdadero propósito de quienes se hacen pasar como “redentores del derecho de los jóvenes hondureños a la educación superior gratuita y equitativa”, es tomar el control ideológico de la “Alma Nutricia”.

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Casualmente, en abril se llevarán a efecto las elecciones para cargos de dirección estudiantil y, en septiembre u octubre de este año, se realizaría la elección del nuevo rector. ¿No es una coyuntura ideal para colocar en esas funciones a políticos ideologizados? La duda queda abierta y el desenvolvimiento de los hechos nos dará la respuesta a su tiempo.

Muy conveniente es que demos una mirada hacia lo que sucede en Venezuela, en Cuba y en el vecino Nicaragua, donde las universidades estatales han sido puestas bajo los modelos de influencia doctrinaria.

En Venezuela, el régimen les ha quitado a los centros universitarios el espacio de independencia que les quedaba. El Gobierno emitió una normativa que le permite manejar la asignación presupuestaria, de manera que cada institución depende de los pagos y desembolsos centralizados.

En Cuba, la universidad es para todos, siempre y cuando nadie disienta con el sistema político y cada quien sea defensor de la ideología, de la moral y de las convicciones.

En Nicaragua, los legisladores allegados al presidente Daniel Ortega aprobaron una ley que permite al Estado hacerse cargo de las seis universidades que el Gobierno cerró semanas atrás.

Los hondureños estamos en el deber de defender la libertad académica y la autonomía de nuestra Universidad Nacional, donde debe gestarse el pensamiento crítico, el conocimiento y no “ideologías extrañas”.

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