Tras una seguidilla de procesos electorales cuestionados por la falta de transparencia en los resultados, la poca capacidad organizativa  y la falta  de credibilidad ciudadana en el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el manejo de los mismos, llega el momento de promover y concretar cambios radicales en la estructura de este organismo a fin de no caer una vez más en el incierto panorama de la conflictividad política surgido a partir de las denuncias de elecciones fraudulentas, candidatos ilegítimos y faltos de representatividad. 

Lamentablemente estas reformas, tanto en el CNE como en el Registro Nacional de las Personas (RNP) son temas de los que el liderazgo político nacional de manera irresponsable y a su conveniencia se ha mantenido al margen desconociendo la urgencia de cambios en la legislación electoral. 

Lejos de ser garante de la expresión popular en las urnas, el nuevo CNE mostró en muy poco tiempo que es más de lo mismo, una institución promotora de procesos faltos de representatividad, irregular en sus actuaciones, vulnerable a las presiones políticas, cambiante en la aplicación de las leyes y reglas de orden electoral, no en vano la comunidad internacional ha puesto en evidencia las debilidades y deficiencias que obligan de manera urgente a un cambio radical.  

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Desde las élites políticas se vendió con bombos y platillos la creación de dos entes que en su momento se dijo, serían los responsables de administrar lo concerniente a temas electorales, uno a nivel de Consejo Nacional y otro en carácter de Tribunal de Justicia, sin embargo, tal y como ha sucedido en otras instancias, de nada sirvió cambiar por fuera o maquillar de manera superficial si la estructura sigue siendo la misma, manejada y manipulada a su antojo por los mismos malos políticos. 

Al igual que lo debe ser en las diferentes estructuras del estado, la transparencia es un elemento vital para el perfecto funcionamiento de los organismos electorales si aspiramos como país a lograr la verdadera gobernabilidad democrática, esto solo se alcanza mediante la correcta organización y vigilancia de los procesos, tanto en la urna como en la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados. 

Este debe ser el primer gran paso hacia la transparencia electoral, el organismo rector no puede seguir siendo el ejecutor de las decisiones directas que vienen de los caudillos de los partidos políticos, solo un ente independiente y al margen de la manipulación política y/o estatal, es garantía de autoridades legítimas electas en efecto por medio del voto popular.

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Nadie en su sano juicio podrá negar que las elecciones en Honduras han alcanzado los más altos porcentajes de desconfianza ciudadana producto de instituciones altamente politizadas e incapaces de garantizar su correcta administración y manejo  no encontrar acuerdos para su urgente reforma, significaría seguir llevando al país por la peligrosa ruta de la ingobernabilidad. 

Lo que hemos visto en las internas del pasado 14 de marzo pudo haberse evitado con una nueva Ley Electoral pero en el Congreso Nacional no lo quisieron así, o si el RNP hubiese sido transparente y bien organizado con la estructuración de un nuevo Censo Nacional y con la despolitización de los nuevos organismos electorales. 

Ahora quedan grandes interrogantes en el ambiente, ¿Cómo terminarán las internas? ¿Qué podemos esperar para las generales? ¿Seguiremos con más de lo mismo?

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