Las imágenes fueron impactantes, la cercanía de la zona, aún más. Los medios informaban de cómo varias familias de una colonia capitalina, eran forzadas a huir de sus casas porque las maras y pandillas se las habían pedido y serían ahora sus dueños.

Niños, mujeres y ancianos cargando en sus hombros lo poco que poseen, con prisa, y sin pausa, huían despavoridos de una nueva forma de violencia instalada en el país, sin que la autoridad ofrezca las respuestas deseadas de garantizar su vida y el derecho a su propiedad.

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Los vecinos de esa populosa colonia, ubicada en el corazón de la ciudad capital, eran auxiliados por la policía misma, impotente de evitar ese exilio forzado, ofreciendo alternativas de intervención y resguardo en la zona, que ellos, como los pobladores, saben que no será eterna; que las respuestas deben ser otras, y que deben ganar tiempo para ver cómo vuelven más efectivas y estructuradas sus respuestas ante el fenómeno del desplazamiento forzado interno por violencia.

Un fenómeno que ya el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han comenzado a graficar con preocupantes denuncias y hechos que evidencian la indefensión ciudadana en materia de seguridad.

Una indefensión de la cual no escapan las mujeres, víctimas también de esta otra forma de violencia.

En su último reporte sobre desplazamiento forzado interno, el Conadeh y el ACNUR indican que al menos unas 942 personas fueron víctimas de este fenómeno en el 2021, gente que huyó de sus casas por violencia o amenazas a su seguridad y la de su familia.

Dentro de esas víctimas, están las mujeres. De acuerdo al informe, el 47% de las personas que pusieron denuncias fueron mujeres, por factores de riesgo relacionados a la violencia basada en género, que se manifiestan mediante el abuso sexual y la violencia intrafamiliar; además del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; la usurpación, despojo o destrucción de viviendas, tierras y propiedades; el rapto, entre otros.

Esas denuncias conllevan el impacto que esos eventos provocan en otro sector vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, que para el 2021, reportó un total de 588 desplazados y en riesgo de desplazamiento.

Las mujeres, jefas de hogar, son las que cargan con este tipo de violencia que les golpea directamente y también a sus vástagos y el resto de su entorno familiar.

Entre las causas que les obligan a salir de los sitios donde residen son extorsión, amenazas, violencia sexual, violencia doméstica, reclutamiento forzado de niños y niñas adolescentes por grupos criminales y de pandillas, asesinatos, lesiones, violencia intrafamiliar, entre otros.

Los responsables del desplazamiento forzado son personas desconocidas, pandillas, narcotraficantes, autoridad local, operadores de justicia. Cerca de 23 municipios del país cuentan con mayor presencia del fenómeno.

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, entre ellos. Es la otra violencia que se debe visibilizar.

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