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Son muy distintas las visiones que se presentan acerca del rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La energía eléctrica ha sido elevada a la categoría de bien público y de seguridad nacional, y así está consignado en la nueva ley que fue enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada en el Congreso Nacional recientemente.
El polémico cuerpo legal es destacado por algunos sectores como un esfuerzo por disminuir la brecha en el acceso al servicio básico de energía eléctrica.
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En contrapeso a tales valoraciones, los desarrolladores de proyectos de potencia tienen la sospecha de que la nueva ley está apoyada en «eufemismos» detrás de los cuales se ocultaría una intención de expropiar y nacionalizar todo el sistema de generación.
Este tipo de dudas son las que hay que evitar que tomen fuerza para que no exista incertidumbre entre los inversionistas privados y desorientación en cuanto a los pasos a seguir para que la estatal eléctrica alcance estabilidad financiera y operativa.
En ese mismo plano, somos del criterio que no ha sido consecuente que altos funcionarios de la administración de la presidente Xiomara Castro hayan enviado “exacerbados” señalamientos a representantes diplomáticos de EE. UU. y a personeros de órganos regionales en torno a las reglas definidas para enderezar el funcionamiento de la estatal eléctrica.
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Inversión extranjera
Reseñamos que la semana pasada, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, externó en sus redes sociales que la enmienda gubernamental es “crítica” para el desarrollo económico por los efectos que tiene sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora de energía.
En el mismo orden, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, se pronunció por una reducción de las pérdidas, antes que apostarle a una reforma.
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En una abrupta reacción que no era necesario llevar a tales niveles, representantes de elevado rango del gobierno Castro han replicado que la reforma al sector eléctrico es urgente, porque combate una situación heredada de saqueo, corrupción y pobreza, además de tratarse de un acto soberano en el que no cabe intervención alguna.
Lo esencial no está en elevar el tono de los desacuerdos alrededor de la pauta dictada para sacar del fracaso a la ENEE y convertirá en una empresa viable.
El reto es armonizar acciones, alinear esfuerzos y compartir una estrategia destinada a salvar a la ENEE, cuyo estado refleja pérdidas del 38 por ciento y una deuda por más de 90,000 millones de lempiras, todo ello derivado -primordialmente- de una pésima gerencia, de la negociación de contratos leoninos y de la falta de inversión en la generación, transformación y distribución. El fin último debe ser recuperar una empresa que es patrimonio de los hondureños.
