Ante la embestida de los antisociales y el aumento de la criminalidad, el Gobierno ha tenido que ordenar la salida de los militares a las calles, un giro en la batalla contra la inseguridad que estaba orientada al robustecimiento de las fuerzas policiales.

Unos, critican con ímpetu; y otros, defienden con empecinamiento la ruta que ha establecido la actual administración para contener la violencia que se ha vuelto a desbordar.

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Si un pecado mayor se ha tildado a las anteriores y a la actual administración, es que no ha habido voluntad política para adoptar un conjunto de estrategias, instrumentos y acciones dirigidas a prevenir y controlar las conductas delictivas.

En Latinoamericana, la lucha contra criminalidad ha estado dirigida preferentemente a combatir el cáncer del narcotráfico y sus consecuencias.

En este plano, algunos han tomado como referencia el Plan Colombia, lanzado en 1999 como un "paquete de colaboración multilateral" para la búsqueda de una solución pacífica al conflicto creado por el crimen organizado y la consecución de un nuevo modelo de administración pública.

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A esta iniciativa se le atribuyen como logros la disminución relativa baja en los atentados terroristas, la recuperación de la institucionalidad y la consolidación de la presencia del Gobierno, así como la reestructuración del sistema político y jurídico, la profesionalización de Las Fuerzas Armadas y la posibilidad de un proceso de negociaciones entre los grupos confrontados en Colombia.

En Honduras vivimos una intensa movilización de los facinerosos y reacomodo de sus estructuras, en una dinámica que el Gobierno interpreta como un plan para provocar inestabilidad, sembrar caos e implantar terror.

A raíz del ataque perpetrado en esta capital la semana anterior, con el desenlace de cuatro jóvenes asesinados, diversos sectores nacionales y delegados de organismos internacionales, han reclamado mayor contundencia en la revisión de los planes para enfrentar a los grupos ilícitos que operan en el país, y que son responsables de manifestaciones de impacto como son el narcotráfico, el sicariato y la extorsión.

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A través de las fuerzas de seguridad y de las agencias de investigación, en conjunto con los operadores de la justicia, el Estado necesita dar un golpe de timón y centrar mejor el blanco de la batalla en pro de la seguridad, la protección de la vida y el acceso de los hondureños a una justicia pronta.

Honduras debe revisar qué es lo que se ha hecho en otros países para contener a los criminales que han perforado su institucionalidad. ¿Cuál es el camino que debemos tomar para no sucumbir, sino avanzar en el combate a las asociaciones de forajidos?

Llevamos unas treinta masacres, 13 homicidios diarios y más del 90 por ciento de los crímenes sin resolver. La percepción sobre el combate a la inseguridad debe coincidir con la ejecución de una estrategia afincada en el imperio de la ley.

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