No puede ser más claro el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos respecto a que Honduras no es un destino favorable, ni competente, ni apropiado para la inversión.

No es que desconociéramos que el debilitamiento del Estado de Derecho y la inseguridad jurídica conspiran contra la llegada de capital, una condición sin la cual no podemos producir riqueza, ni aspirar al alivio de la pobreza.

Es un señalamiento que se ha hecho a los gobiernos de turno por parte de los diversos sectores que generan consciencia crítica, pero que ahora ha sido advertido por el Gobierno de nuestro principal socio, Estados Unidos.

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De paso, se nos ha puesto en auto que mientras no sea asumido un compromiso genuino para rescatar y consolidar el Estado de Derecho, no habrá intención alguna de invertir en Honduras.

En los cuatro años precedentes, la inversión extranjera directa ha venido en picada desde la línea de 1,400 millones de dólares a una pírrica suma de 400 millones de dólares, una cantidad que apenas podría mostrar una recuperación al término de este año, cuando se prevé que llegue a 700 millones.

Y si el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica son las condiciones que hacen fluir las posibilidades de atraer recursos externos para emprender negocios, Honduras tiene todas las de perder.

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La gobernanza de nuestro país está agotada y fragmentada. Y esto se traduce en la vulnerabilidad de un principio por el que la población, las instituciones y entidades, incluido el propio Estado, deberían de estar sometidas a las leyes promulgadas para su cumplimiento general y su aplicación con independencia.

En Honduras no prima la seguridad de que los derechos esenciales estén protegidos por las leyes y por las autoridades encargadas de hacerlas cumplir.

No hay garantía de la igualdad de todos ante la ley, de modo que los derechos de las personas naturales y jurídicas estén respaldados plena y legítimamente.

Honduras parece estar conducido "al garete" y administrado al influjo de extremos discursos políticos, que se balancean entre "cachurecadas" y "ñangaradas" como lo han dicho en tono sarcástico dirigentes de la oposición.

Si el propósito es conducir a la nación por un camino de prosperidad económica, igualdad social y estabilidad político-gubernamental, es una obligación que se deje atrás el revanchismo y que se dé una mirada hacia un futuro mejor, sobre todo ahora que estamos absorbidos por una crisis en todos los niveles.

Honduras, con el 75 por ciento de la población sin capacidad para satisfacer sus necesidades más elementales; es decir, en pobreza, necesita plantear una respuesta alrededor de un mejor terreno para atraer capital y hacer negocios, más empleo y una justa distribución de la riqueza para garantizar bienestar general.

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