El Comité Técnico del Fideicomiso (CTF), que administra recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, se niega a dar información desglosada sobre 21 mil millones de lempiras ejecutados desde 2012 porque asegura que el decreto de derogación de la Ley de Secretos, que blindaba documentos sobre gastos en esa materia, “no tiene retroactividad”.
tunota.com realizó, con base en la Ley de Transparencia, una solicitud de información al CTF para que detallara los bienes y servicios comprados para instituciones que trabajan en la prevención y represión del delito con sus respectivos valores.
La petición se hizo luego que el 23 de marzo de 2022 fuera publicada en el diario oficial La Gaceta la derogatoria que hizo el Congreso de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional o Ley de Secretos, creada en 2013 para otorga reserva de hasta 25 años sobre documentos considerados de seguridad nacional.
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No obstante, el CTF indicó que la solicitud de información fue rechazaba porque dicha derogatoria "no tiene aplicación retroactiva, por lo que toda información ( reservada antes de la derogatoria) mantiene su clasificación (de secreta)".
En su argumentación, el CTF hace referencia que el artículo 3 de la extinta normativa -"taxativamente establece que son declaradas materias reservadas" los documentos requeridos "por personas no autorizadas", ya que ello "pone en riesgo la seguridad nacional" y "logros en esa materia".
"Lo anterior significa" -acota la contestación- "que la información, incluso, no puede ser divulgada bajo ningún petitorio de información bajo el amparo de la Ley de Transparencia".
Si la entidad llegara a proporcionar la información "estaría constituyendo un delito", advierte en su respuesta el CTF.
No obstante, el decreto 12-2022 que aprobó el 2 de marzo el Congreso para anular la Ley de Secretos indica que "toda persona (...) puede, a partir de la vigencia del presente decreto, solicitar a las instituciones obligadas, información que se reservó bajo la Ley de Clasificación de Documentos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional".
Para obtener los documentos que estaban clasificados, los ciudadanos pueden hacer el petitorio tal como lo disponen los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo a la derogatoria, establece el decreto.
En ese aspecto, la ley en mención citaba en su artículo 7 la clasificación de la secretividad de documentos públicos “relacionados con la seguridad y defensa nacional” y el tiempo de desclasificación que tendría cada uno:
- Reservado: desclasificación a los 5 años
- Confidencial: desclasificación a los 10 años
- Secreto: desclasificación a los 15 años
- Ultra secreto: desclasificación a los 25 años
El Consejo de Defensa y Seguridad, que integran diferentes operadores de justicia, era el encargado de aprobar la secretividad.
Diferentes sectores de la sociedad cuestionar que la Ley de Secretos fomentó la opacidad, pues esa legislación ha impedido que se conozca cómo se han manejado los fondos de la Tasa de Seguridad y de otras entidades que lograron blindar información.
Por medio de la Tasa de Seguridad, entes que combaten el crimen adquirieron armas, patrullas, aviones, lanchas y armamento, entre otros.
Pero como estas adquisiciones fueron declaradas bajo reserva mediante la Ley de Secretos, las condiciones contractuales no son de conocimiento público.
No obstante, la derogatoria de la Ley de Secretos no impide que las instituciones logren mantener en anonimato documentos, pues la Ley de Transparencia establece un mecanismo para que solicite al Instituto de Acceso a la Información Pública la reserva de información cuando se pruebe que su divulgación podría ser lesiva para los intereses del Estado.
El tiempo máximo que puede durar la reserva es de 10 años, indica la normativa.
"El Tasón"
El CFT de la Tasa de Seguridad fue conformado mediante la Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional en 2011, en la que también, tras una reforma, se se crea la Tasa de Seguridad Poblacional.
Este comité está integrado por un directorio tripartito con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), del Foro Nacional de Convergencias (Fonac) y del Gobierno de la República, según el portal de transparencia de la Tasa de Seguridad.
tunota conoció que los miembros de CTF fueron nombrados por el gobierno pasado de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
La derogación de dicha ley fue una promesa de campana de la presidenta Xiomara Castro, del izquierdista partido Libertad y Refundación, quien asumió el poder el 27 de enero de 2022 tras 12 años de gobiernos de derecha nacionalista .
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Información Publicada por la Tasa de Seguridad
En el portal de información pública de la Tasa de Seguridad Poblacional detalla que desde la creación de la Tasa en 2012, hasta abril de 2022, se han recaudado más de 21 mil millones de lempiras de seis diferentes rubros:
- Sector financiero - L19,730 millones
- Telefonía móvil - L 459 millones
- Comidas rápidas - L 148 millones
- Protección del medio ambiente L 676 millones
- Sector cooperativas - L 141 millones
- Casinos y tragamonedas L 27 millones
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Del total recaudado, los fondos se han desembolsado casi en su totalidad a siete diferentes dependencias estatales de la siguiente manera:
- Secretaría de Seguridad - L9,227 millones
- Secretaría de Defensa - L4,478 millones
- Corte Suprema de Justicia - L636 millones
- Ministerio Público - L1,054 millones
- Alcaldías - L90 millones
- Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia - L2,585 millones
- Prevención - L2,978 millones
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Tasa de Seguridad, ¿de dónde se obtiene?
La recaudación de la Tasa de Seguridad, creada bajo decreto legislativo 105-2011 se obtiene de operaciones en moneda nacional y extranjera, las cuáles se gravan con 0.002 por ciento por millar, o dos lempiras por cada mil o fracción de mil lempiras operados, de las siguientes transacciones financieras:
- Débitos (o retiros) de depósitos a vista y cuentas de ahorros de personas naturales y jurídicas en cuentas mayores a 120,000 lempiras.
- Transferencias de fondos por diferentes medios.
- Emisión de cheques de caja, cheques certificados, cheques de viajero, transferencias electrónicas u otros servicios financieros electrónicos o por crearse.
- Envío de transferencias o remesas electrónicas dentro o fuera del país
- Redención o intereses de depósitos a plazo fijo.
Del mismo modo, se cobra una contribución especial a la telefonía móvil, mismos que no serán cobrados al usuario, así como también a los sectores de explotación y comercialización de minerales y a la producción de comidas rápidas y bebidas.
¿A quiénes se les exonera de la Tasa de Seguridad?
Por otra parte, el cobro de Tasa de Seguridad tiene unas 20 excenciones, entre las que destacan:
- Cuentas del Banco Central de Honduras y Sector Público, excepto entidades autónomas y descentralizadas.
- Préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) al sector agrícola hasta 1,600,000.00 lempiras.
- Débitos a cuentas bancarias de personas naturales cuyos promedios del mes anterior hayan sido menores 120,000.00 lempiras
- Remesas provenientes del extranjero
- Transferencias nacionales enviadas menores a 10,000 lempiras
- Las iglesias católica y evangélica, como instituciones religiosas, entre otras.
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