En la batalla contra el cáncer de la criminalidad, todas son de arena, con todo y que las proyecciones de las autoridades son muy optimistas en cuanto a la reducción de la tasa de homicidios en seis puntos al final de 2022.

Entre las manifestaciones de inseguridad, el cobro del impuesto de guerra es quizá el que más ha extendido sus tentáculos. Las células de alto impacto han intensificado su embestida contra los transportistas, al grado que unos ocho mil operadores se han retirado en los años recientes por la amenaza de las redes delictivas.

Los operadores del rubro han llegado a la desesperación y reclamado –con toda razón- que se dé un revés definitivo a los extorsionadores que cada año les esquilman una suma de alrededor de mil millones de lempiras.

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Y en el sector de los comercios, la renta pagada a los extorsionadores es cercana a 700 millones de lempiras, una causa por la que unos 40,000 emprendimientos han debido cerrar en la década reciente.

Las redes de la extorsión, que ahora no solamente están conformadas por las maras y pandillas, sino por grupos diferenciados, tienen “de rodillas”. ¡No es una percepción, es una realidad innegable!

En líneas generales, la extorsión se ha ido de control de las dependencias que vigilan el orden público y que tienen por misión el combate al delito para salvaguardar la seguridad pública.

Confiamos en que, ciertamente, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional tengan listo un diagnóstico claro sobre el delito de la extorsión y definida una política dirigida a la erradicación de esa práctica que ha sembrado el terror en nuestro país.

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Los transportistas, los empresarios y los pequeños y medianos emprendedores, viven bajo amenaza y en condición de prisioneros de los extorsionadores; en la misma circunstancia se encuentran los mercaderes y los habitantes de barrios y colonias, donde imperan las leyes del hampa.

No hay un solo sector que no esté atacado por los malhechores que viven del “impuesto de guerra”. Están llevando a “la quiebra” a rubros importantes de la economía y generando más zozobra en diferentes comunidades que están en la indefensión.

Hasta ahora, los funcionarios de la seguridad pública se han conformado con las operaciones de detención masiva de integrantes de asociaciones ilícitas, cuyo modo de vida está apoyado en el cobro de dinero bajo amenaza.

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Este año han sido capturados unos 500 sujetos dedicados a la extorsión y entre 2014 y 2018 corrieron la misma suerte más de 3,000 individuos de la misma calaña. ¡De nada ha servido! Desgraciadamente, la mayoría salen libres o son relevados en poco tiempo.

Frente al avance en la operación de los delincuentes, es imperioso darle un giro radical a la estrategia de seguridad para propinarle un “golpe demoledor” a los extorsionadores. ¡Hay que derribar los muros detrás de los cuales están atrincheradas las asociaciones criminales!