1 Aug. 2022
Si de leyes y teorías se tratara, Honduras es un país que cuenta con bases jurídicas para frenar la brecha de la desigualdad y la inequidad, pero en la práctica, la historia es otra
El más reciente Informe de Desarrollo Humano en Honduras (IDH-2022) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye una hoja de ruta de conocimiento y propuesta en torno a la Honduras que imaginamos.
Centrado en el Estado de derecho como eje transversal de las transformaciones que amerita el país, el IDH nos señala que, en materia de género e igualdad, la nación cuenta con al menos 11 normativas que sientan las bases para proteger y visibilizar a los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres y los menores, por citar algunos. Estas leyes van respaldadas por las convenciones y tratados internacionales de las cuales el país es suscriptor.
Si de leyes y teorías se tratara, Honduras es un país que cuenta con bases jurídicas para frenar la brecha de la desigualdad y la inequidad, pero en la práctica, la historia es otra. La agenda de los derechos humanos, la agenda de las mujeres, niñas y otros sectores vulnerables sigue cuesta arriba, pues como bien cita el IDH-2022, los esfuerzos continúan siendo dispersos, los presupuestos raquíticos y la ausencia de una política pública integral y multisectorial complica el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
En el centro de esa agenda gravita el tema de los derechos humanos, y una lucha que costó tanto a la sociedad como es la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, puede caer en inacción si el Mecanismo de Protección, como parte del Sistema de Protección, se debilita, lejos de fortalecerse por falta de visión política y estratégica.
En su función de asesorar a los entes responsables de ejecutar la Ley de Protección, el Mecanismo de Protección es uno de los mayores avances en materia humanitaria si de vigilar y proteger los derechos humanos se trata.
El OACNUDH ha dicho en sus informes que en seis meses de este año se han registrado 82 incidentes en contra de defensores de derechos humanos y 24 periodistas. No son cifras de halago, son datos de preocupación. Divergencias de criterios han entrado al parecer entre los integrantes del Mecanismo y las nuevas autoridades de la secretaria de Derechos Humanos.
El llamado es al diálogo, pues la agenda de derechos humanos también compete a las mujeres. Y muchas se encuentran bajo la figura del Mecanismo de Protección y ahora su suerte e incluso su vida está en riesgo por el irrespeto a la Ley de Protección, señalan defensoras humanitarias.
El Estado de derecho se basa en los contrapesos, y solo el respeto a las leyes, la institucionalidad y los procedimientos, podrá evitar que la Ley de Protección caiga en punto muerto, repercutiendo negativamente en las libertades y la falta de acceso a una justicia efectiva, como es el caso de la violencia contra las mujeres y las niñas. Que las esperanzas cifradas en el nuevo gobierno no se estrellen con los anhelos del país y las mujeres: respeto a los derechos humanos y acceso a la justicia.
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