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Entre otros casos sonados más recientes en materia judicial, se encuentra la acusación contra la exfiscal Francia Medina. Además, se emitió una orden de arresto contra el presidente del Partido Nacional, David Chávez. Meses atrás, se dictó una sentencia absolutoria para el estudiante Kevin Solórzano, quien fue acusado del asesinato de un exfiscal del Ministerio Público.
Mario Pérez, sobreseído
El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, enfrentaba una acusación por el delito de amenazas en perjuicio de un guardia de seguridad del Congreso Nacional. Sin embargo, concilió con la víctima, y el 12 de diciembre, el juez dictó sobreseimiento definitivo.
El caso se relaciona con un incidente violento el 31 de octubre durante un zafarrancho en los bajos del Legislativo, cuando supuestos colectivos de Libre agredían a diputados de la oposición que se autoconvocaron a una sesión extraordinaria para ampliar el periodo de sesiones.
Pérez admitió haber apuntado con su arma de fuego al guardia para proteger la integridad física de los congresistas ante los ataques de los simpatizantes de Libre, en los que resultó herido el diputado Antonio Rivera Callejas.
Libre Ramón Matta
También, el 12 de diciembre pasado, la Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional absolvió a Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, por el delito de lavado de activos, en un juicio tras su extradición desde Colombia en 2022.
La acusación contra Juan Ramón Matta tiene sus raíces en el año 2017, siendo un desprendimiento de la Operación Terremoto llevada a cabo por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Las investigaciones de la Fiscalía revelan en su acusación la presunta existencia de un grupo organizado de personas, entre ellas Matta Waldurraga, que durante un período de tiempo llevaron a cabo adquisiciones e inversiones ilegales.
Caso Fondo Departamental
En este caso, la exdiputada nacionalista Sara Medina, el exdiputado Carlos Guevara y el secretario general en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) José Rogelio Sánchez fueron capturados el 13 de diciembre por fraude en perjuicio de la administración pública. Los tres se defenderán en libertad.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) investiga el desvío de L 42,500,000.00 a través de gestiones para proyectos sociales mediante ONGs con el polémico Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional.
También, hay una orden de captura pendiente contra los exdiputados Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz, además del ciudadano Geovanny Castellanos Deras.
Caso Hospitales móviles II
Presentado el 9 de noviembre, este caso involucra a la exsecretaria de Finanzas Rocío Tábora, la exsecretaria de Salud Alba Consuelo Flores y la viceministra de Finanzas Roxana Rodríguez. Fueron acusadas por fraude en la compra de siete hospitales móviles en el marco de la pandemia del covid-19.
Solo Rocío Tábora fue detenida el 13 de noviembre en la frontera El Guasaule cuando supuestamente intentaba huir a Nicaragua, y fue enviada a prisión preventiva a la cárcel de mujeres en Támara, mientras que las demás involucradas están prófugas de la justicia.
A las tres exfuncionarias se les vincula a una presunta red de corrupción público-privada que adquirió fraudulentamente siete hospitales móviles por 47.5 millones de dólares para enfrentar la pandemia.
Confiscación de bienes a Tony Hernández
El 21 de noviembre, el Juzgado con Jurisdicción Nacional de Privación de Dominio declaró procedente una acción de privación de los bienes del exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández y su esposa Vanesa Cruz.
Los bienes afectados incluyen un inmueble en la residencial San Ignacio de Tegucigalpa, cuatro vehículos y 16 cuentas bancarias. La audiencia para la lectura de la sentencia sobre la incautación definitiva de los bienes está programada para el 22 de enero de 2024 a las 11:00 de la mañana.
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Tony Hernández fue sentenciado en 2021 a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
Sustracción de evidencias
El 29 de noviembre, la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) Francia Medina fue detenida en San Pedro Sula, Cortés, norte de Honduras, acusada de sustraer 88 millones de lempiras que estaban en custodia en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
La exfiscal, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Támara, Francisco Morazán, enfrenta cargos por la sustracción del dinero del BCH. También se busca al novio de Medina, el fiscal German René Silva Lemus.
Pandora II
En la ampliación del caso de corrupción conocido como Pandora II, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) incluyó el 11 de octubre acusaciones contra ocho exfuncionarios hondureños, entre ellos los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, además del exsecretario de Finanzas Wilfredo Cerrato.
Según la Uferco, los ocho exfuncionarios "conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de L 288,016,175.00 que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa".
Lobo Sosa es acusado de fraude y se defenderá en libertad, mientras que Hernández enfrenta cargos por fraude y lavado de activos en el caso que lo involucra cuando era presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014.
Sin embargo, Juan Orlando Hernández se encuentra a la espera de un juicio en Estados Unidos acusado por narcotráfico.
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Al exsecretario de Finanzas, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, se le acusa de fraude. Además, por violación de los deberes de los funcionarios y fraude se imputa al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona; y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.
Caso David Chávez
El martes 28 de octubre, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional, Criminalidad Organizada y Corrupción emitió una orden de captura contra David Chávez, dirigente del Partido Nacional, acusándolo de delitos de corrupción.
La orden fue emitida después de que las autoridades migratorias lo requirieran en el Aeropuerto Internacional de Palmerola cuando Chávez se disponía a salir hacia Estados Unidos.
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Al político Se le presume responsable de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública, delitos cometidos por la compra supuestamente sobrevalorada de un software durante su mandato como director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2013.
En libertad, Kevin Solórzano
El 9 de agosto, el Tribunal de Sentencia Nacional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó fallo absolutorio para Kevin Solórzano Hernández, acusado de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Tras la lectura del fallo de juicio en la Sala II, se declaró inocente al estudiante universitario, a quien se le repitió el proceso judicial por la muerte del exfiscal del Ministerio Público, Edwin Eguigure, y el atentado contra la esposa de la víctima, María Auxiliadora Sierra en 2014. En septiembre de 2017, un tribunal lo había condenado a 33 años de reclusión.
Destitución de la jueza Karla Romero
Además, el 22 de agosto, la Corte Suprema de Justicia procedió a revocar el acuerdo de nombramiento de la abogada Karla Romero como jueza del Tribunal de Sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa, debido a faltas durante el ejercicio de sus funciones.
Entre las causas que motivaron su destitución, investigadas y documentadas en un informe por la CSJ, se incluye un accidente de tránsito ocurrido el 31 de marzo pasado, en el cual estuvo involucrada. Además, se menciona un retraso en la emisión de sentencias en varios casos asignados.
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La jueza se hizo notable en la sociedad hondureña cuando, el 27 de enero de 2022, tomó juramento a la presidenta Xiomara Castro durante su toma de posesión. Esto se debió a la ausencia del presidente del Congreso Nacional, lo que requiere que un juez de letras o de paz realice el juramento, de acuerdo con la Constitución de la República.
Caso Bartolo Fuentes
El 24 de agosto, un juez de letras designado dictó auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión contra el diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, por violencia contra su compañera de bancada, Melbi Ortiz.
La resolución establece que Fuentes seguirá siendo juzgado por violencia contra la mujer agravada, pero se le sobreseyó por tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La acusación contra el congresista se remonta a la denuncia que presentó Ortiz en febrero de 2022, cuando el legislador presuntamente la agredió durante una reunión en el Congreso Nacional celebrada para consensuar los puestos de la gobernación departamental de Yoro.
Fallo absolutorio a favor de Santos Orellana
La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió en junio del delito de lavado de activos al excapitán de las Fuerzas Armadas (FF.AA), Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Bonilla.
Según lo acusaba el Ministerio Público, Santos Rodríguez "realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE".
Nueva condena contra Marco Bográn
El 23 de febrero, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción condenó, por unanimidad de votos, a 6 años de prisión más el pago de una multa de 39 millones de lempiras al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, por la compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por covid-19.
Bográn fue hallado culpable de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. También fue inhabilitado de forma absoluta para empleo o cargo público por el doble del tiempo de la pena en reclusión que le fue dictada.
Por el mismo caso, fue condenado el exadministrador de Invest-H, Alex Moraes, acusado por violación de los deberes de los funcionarios, a 4 años, 6 meses de inhabilitación especial para optar u ostentar empleo o cargo público, específicamente como director o administrador de instituciones del Estado.
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Ambos exfuncionarios enfrentan condenas por la compra fraudulenta de siete hospitales móviles para enfrentar la pandemia.
Orden de captura contra Fredy Nájera
En febrero pasado, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, en una audiencia ad hoc, emitió la orden de arresto contra el exdiputado Fredy Nájera por el asesinato de una persona y la tentativa de asesinato de otra.
Esta orden deberá ejecutarse cuando Nájera cumpla la condena de 30 años que está purgando en Estados Unidos por narcotráfico.
Fredy Nájera, quien fuera exdiputado del Congreso Nacional, fue absuelto en 2013 de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de Claudio Rigoberto Méndez Acosta y un testigo protegido.
Sin embargo, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y esta ordenó la repetición del juicio en su contra.
Extradiciones
Durante este 2023, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de seis hondureños solicitados por Estados Unidos, la mayoría bajo cargos de narcotráfico.
Los extraditados fueron Michael Powery Wood, el 27 de enero; el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, el 31 de enero; el exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, el 30 de marzo; Mario Rojel Urbina, el 12 de mayo; María Mendoza Mendoza el 22 de junio; y Erasmo Ávila Palacios, el 24 de octubre.
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